La cuestión agraria en Latinoamérica, y puntualmente en México, presenta tensiones entre las dimensiones sociales en lo que hace a las formas organizativas apropiadas-impuestas, en relación con entidades estatales y de la sociedad civil. Tal problemática surge en un contexto en el que el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, impulsado por el Estado Nacional, promueve la creación de políticas de desarrollo destinadas al sector del campesinado. Estas políticas de asesoramiento y financiamiento se intentan aplicar al sector del agro para incrementar la producción de alimentos, mientras que las/los campesinas/os aspiran a lograr un equilibrio entre el sistema agroindustrial –esqueleto de las gestiones estatales– y los lazos sociales de base cooperativa generados a mediados del siglo XX.
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